En una carta abierta dirigida al presidente y a las tres vicepresidentas del Gobierno, la Plataforma por las Empresas Responsables, que representan a más de 530 entidades sociales, han expresado su preocupación por la falta de acción del ejecutivo en emprender una ley que establezca la obligación a las empresas españolas de respetar los derechos humanos y medioambientales en su cadena de valor y que asimismo garantice el acceso a la justicia de las víctimas cuyos derechos hayan sido vulnerados.

Hace ya cuatro años que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas mostró su preocupación por los vacíos del ordenamiento jurídico español y recomendó a España adoptar medidas legislativas en este sentido.

Tanto los partidos del Gobierno de coalición, que incluyeron en sus programas electorales la promesa de una ley de este tipo, como el propio Gobierno español, han hecho especial énfasis en la implicación activa del sector privado en la defensa y promoción de los derechos humanos y el cumplimiento del principio de debida diligencia, sin embargo las promesas sólo permanecen en el papel. Hasta la fecha los socios de gobierno no parece que estén trabajando en este sentido y  se desconocen los pasos concretos para presentar un borrador de ley.

ientras tanto, países como Francia, Alemania y Noruega ya han aprobado una legislación de debida diligencia y otros como Luxemburgo, Austria, Bélgica y Holanda tienen procesos legislativos en marcha. También antes del fin de 2021 la Comisión Europea publicará el primer borrador de directiva de “Gobierno Corporativo Sostenible” que regulará la debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales y que será obligatoria para las empresas europeas.

Este contexto internacional brinda la oportunidad a España de convertirse en referente en el liderazgo y la promoción de los derechos humanos, haciendo de ello un carácter distintivo de las empresas españolas en el exterior. Para ello, España debe abordar sin dilación, antes del fin de esta legislatura, la promesa de llevar a cabo una Ley de Debida Diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales e implementar así la recomendación de las Naciones Unidas.

En la actualidad hay empresas en España que de manera voluntaria abordan este enfoque en su modelo de negocio y de gestión, pero siguen siendo una minoría. La ausencia de regulaciones adecuadas y la falta de consecuencias por la gestión negligente de los derechos humanos y los impactos ambientales en las cadenas de valor globales significa que hay pocos incentivos para que las empresas aborden esos impactos”, declaró Isabel Tamarit, portavoz de la Plataforma por las Empresas Responsables.

La Plataforma por las Empresas Responsables aboga por una ley que además de establecer la obligación de que las empresas respeten los derechos humanos y medioambientales en su cadena de valor, asegure mecanismos de rendición de cuentas y el acceso a la justicia de las víctimas cuyos derechos hayan sido vulnerados.

Aquí puedes consultar las peticiones y a la propuesta técnica de la Plataforma por las Empresas Responsables.